Fecha de publicación -
17-07-2026 16:45 pm
Fecha de actualización: 17-07-2026 16:45 pm
A más de treinta años de la Ley 98 de 1993, Colombia aún no cuenta con información pública, abierta e interoperable que permita evaluar su impacto real. El artículo publicado en Tendencia Editorial UR propone recomendaciones técnicas para actualizar la ley del libro y fortalecer la toma de decisiones en el ecosistema del libro en Colombia.
En Colombia, hablar de la Ley 98 de 1993 es hablar de una de las normas centrales para el fomento del libro. Sin embargo, después de más de tres décadas de vigencia, una pregunta sigue abierta: ¿cómo saber si sus beneficios, estímulos y disposiciones han contribuido de manera efectiva a la democratización del libro, la circulación del conocimiento y el fortalecimiento del sector editorial?
El artículo “Tres décadas de la ley del libro colombiano: propuesta de recomendaciones técnicas para la actualización de la Ley 98 de 1993”, publicado en Tendencia Editorial UR, plantea esta discusión desde una perspectiva técnica y necesaria para el país. Sus autores, Wilson Colmenares y Pablo Estrada, investigadores del Observatorio Editorial Colombiano del Instituto Caro y Cuervo, advierten que la ley vigente no incorporó mecanismos suficientes de seguimiento, evaluación y trazabilidad. Esa ausencia ha dificultado responder con evidencia si los objetivos de la norma se han cumplido o si requieren ajustes frente a los cambios del ecosistema del libro.
El texto señala un problema de fondo: Colombia carece de un sistema público de información editorial que integre datos, estadísticas y diferentes fuentes públicas y abiertas sobre creación, producción, comercialización, circulación, lectura y preservación del patrimonio bibliográfico. Esta falta de información abierta, interoperable, reutilizable y verificable limita la formulación de políticas públicas, impide medir impactos y reduce la capacidad del sector para tomar decisiones con base en evidencia.
La reflexión cobra especial relevancia en un momento en que se han discutido iniciativas legislativas recientes, como el Proyecto de Ley 427 de 2024 y el Proyecto de Ley 630 de 2025, además de la reactivación del Consejo Nacional del Libro. Estos procesos han puesto sobre la mesa la necesidad de actualizar conceptos, reconocer la transformación digital, ampliar la participación de los actores del sector y construir lineamientos técnicos concertados.
Entre las recomendaciones centrales se destaca la creación de un sistema de información editorial con gobernanza pública, descentralizada y colaborativa; la adopción de estándares abiertos de internet; la articulación de fuentes como ISBN, entidades públicas, DANE, DIAN, gremios y bibliotecas; y la construcción de vocabularios digitales que permitan armonizar términos, metadatos y estadísticas del ecosistema del libro.
Más que una discusión jurídica aislada, el artículo propone pensar la ley del libro como una herramienta viva, capaz de responder a los cambios culturales, tecnológicos y económicos del país. También invita a reconocer la información como un bien común: un recurso estratégico para evaluar, corregir, planear y fortalecer el sector editorial colombiano.
Leer este artículo permite comprender por qué la actualización de la Ley 98 de 1993 no puede quedarse en buenas intenciones: necesita de diferentes fuentes públicas y abiertas de datos verificables y desagregados, participación del sector y decisiones públicas mejor informadas. El artículo completo está disponible en el Repositorio de la Universidad del Rosario. También invitamos a leer los demás artículos del número, dedicado a las políticas del libro en América Latina (consultar).
¡La información a menudo se percibe como un activo de poder que se protege, en lugar de un bien común que se comparte para el beneficio colectivo!
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